Seguridad Pública y Salud: Un Protocolo Pionero para Visibilizar las Violencias Interseccionales

La concepción tradicional de la seguridad pública suele ceñirse al despliegue policial y a la reacción punitiva frente al delito flagrante. Sin embargo, las aproximaciones contemporáneas demuestran que la seguridad ciudadana se construye fundamentalmente desde la prevención estructural, los derechos humanos y el bienestar social. En este marco interdisciplinario, la investigadora Rocío Martínez Torres, egresada de la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), desarrolló el proyecto terminal titulado «Proyecto de Seguridad Pública con Enfoque de Género: Implementación de Protocolos de Identificación y Prevención de Violencias contra Mujeres en la Clínica Especializada Condesa», bajo la asesoría académica del Dr. Jezer Iván Lezama Mora y la Mtra. Feryglo Nayelli López Delgado.

El núcleo de este trabajo radica en articular el ámbito de la salud especializada con los objetivos de la seguridad pública, transformando las unidades de atención sanitaria en espacios proactivos de detección temprana y contención ante las violencias exógenas que vulneran a las mujeres que viven con VIH.

La encrucijada: VIH, género y violencias invisibilizadas

En México, la epidemia del VIH en mujeres está profundamente ligada a dinámicas de desigualdad estructural. Diversos estudios demuestran que más del 70% al 90% de las mujeres adquieren el virus a través de una pareja masculina estable, lo que evidencia que el riesgo no proviene de conductas individuales desordenadas, sino de condiciones de subordinación impuestas por el género.

A pesar de que centros de salud como la Clínica Especializada Condesa han consolidado una atención médica de excelencia e intervenciones oportunas ante la agresión sexual durante las primeras 72 horas, subsiste un espectro de agresiones cotidianas que suele pasar desapercibido en la consulta convencional:

Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas de abandono, aislamiento y descalificación permanente.
Violencia económica y patrimonial: Retención de recursos económicos, privación de bienes y limitación forzada para costear necesidades básicas o transporte.
Violencia vicaria y familiar: Manipulación o amenazas sobre la custodia de hijas e hijos, rechazo por parte del núcleo familiar y estigma debido al diagnóstico serológico.
Violencia institucional y discriminación social: Prácticas excluyentes en entornos laborales, comunitarios o de servicios generales.

Estas manifestaciones constituyen una cifra negra que deteriora la salud mental, desgasta la calidad de vida y debilita la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Ante esto, el contacto con el personal de salud representa, en muchas ocasiones, la única oportunidad institucional para que una mujer rompa el silencio y acceda a mecanismos formales de auxilio y justicia.

Marco normativo y anclaje ético de la propuesta

La investigación sustenta que la falta de herramientas para indagar de forma sistemática sobre estas violencias exógenas contraviene mandatos constitucionales e internacionales. El diseño se fundamenta rigurosamente en la legislación vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 1° y 4°): Garantía inalienable de derechos humanos, prohibición de discriminación por estado de salud y derecho a la protección de la salud e igualdad de género.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: En particular el artículo 46, fracción IX, que mandata a las autoridades de salud a instrumentar mecanismos y protocolos específicos para prevenir, detectar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México: Artículos 1, 13 y 28, enfocados en la colaboración comunitaria e intersectorial para combatir las violencias de género y garantizar la vida digna.
Normatividad Técnica Sanitaria: Alineación con la NOM-046-SSA2-2005 y la NOM-010-SSA2-2023, que exigen confidencialidad, no revictimización y modelos integrados de atención.

Para blindar la intervención, Martínez Torres integró los cuatro principios bioéticos de Beauchamp y Childress:

Autonomía: Garantizada mediante el consentimiento informado libre y expreso.
Beneficencia: Orientada a maximizar las alternativas de apoyo psicológico, social y legal.
No maleficencia: Cuidado meticuloso en el lenguaje para evitar cualquier atisbo de revictimización o culpabilización.
Justicia: Tratamiento equitativo, accesible y confidencial, en total observancia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sustituyendo nombres por identificadores numéricos y resguardando la información.

Innovación metodológica y validación de instrumentos

El proyecto adoptó un método mixto (cuantitativo y cualitativo), descriptivo y sustentado en los postulados de la investigación-acción participativa, donde las usuarias dejan de ser objetos pasivos de estudio y se convierten en protagonistas activas del proceso de bienestar.

El kit operativo de herramientas diseñado para el protocolo incluyó:

Cuestionario digital sensible (Google Forms): Estructurado con preguntas en voz empática y opciones graduadas, accesible de forma privada vía código QR o mediante tabletas electrónicas para usuarias sin dispositivo móvil.
Guías rápidas y volantes informativos: Materiales formativos para sensibilizar al personal de medicina, enfermería, psicología y trabajo social sobre la formulación respetuosa de preguntas y las rutas de derivación.
Cartelería de salas de espera: Elementos visuales orientados a generar un ambiente de confianza, informar sobre la confidencialidad del proyecto e invitar a la participación.
Plataforma web complementaria: Repositorio digital con recursos informativos y de apoyo.

Durante el proceso de validación técnica, se ejecutó una prueba piloto de simulación supervisada por el Dr. Jezer Iván Lezama Mora. Esta prueba demostró que el instrumento requería menos de 10 minutos para responderse, garantizaba una total comprensión sin generar angustia y poseía una notable capacidad para captar variables críticas. Entre los hallazgos exploratorios destacados de esta simulación figuran:

Un 41.7% de las participantes señaló haber ocultado su estado serológico por temor al rechazo y la discriminación.
Un 33.3% reportó dificultades para recibir apoyo de su red familiar o comunitaria tras el diagnóstico.
Un 25% manifestó haber tenido que elegir entre comprar alimentos/cubrir necesidades básicas o adquirir medicamentos, revelando la severidad de la violencia económica.
Las áreas señaladas con mayor urgencia de vinculación integral fueron el apoyo psicológico especializado, la asesoría jurídica y los grupos de pares.

Aportes a la seguridad pública y replicabilidad del modelo

La investigación de Rocío Martínez Torres aporta elementos metodológicos de alto valor para las políticas de seguridad ciudadana y la administración de servicios de salud:

Intervención Temprana: Al utilizar los servicios de salud como un primer respondiente no policíaco, el Estado puede identificar dinámicas de maltrato doméstico, control financiero o agresión psicológica antes de que deriven en consecuencias fatales o lesiones corporales irreversibles.
Construcción de Evidencia: Proporciona un método riguroso para desterrar la cifra negra de las violencias que viven las mujeres con enfermedades crónicas, proveyendo insumos cuantificables indispensables para planificar presupuestos y políticas públicas focalizadas.
Ruta de Derivación Intersectorial: Establece esquemas claros para conectar los diagnósticos clínicos con el trabajo social, la atención psicológica especializada y las instancias procuradoras de justicia (Centros de Justicia para las Mujeres, CEAV, DIF y Fiscalías), garantizando el principio de no revictimización.
Modelo Escalable y Modular: El diseño documental, conceptual y técnico desarrollado queda consolidado como un modelo plenamente transferible y replicable para cualquier centro hospitalario o clínica especializada en el territorio nacional.

Este trabajo universitario demuestra la relevancia de formar profesionales en Seguridad Pública con una sólida visión humanista e interdisciplinaria, capaces de tender puentes entre la salud, el derecho y la justicia social.

Referencias

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Monje Álvarez, C. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa: Guía didáctica. Universidad Surcolombiana.
Ortega, C. (2025). ¿Qué es la investigación de acción participativa? QuestionPro.
Secretaría de Salud. (2005). Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Diario Oficial de la Federación.
Uribe Zúñiga, P., Villafuerte García, A. y Magis Rodríguez, C. (2017). Atención a salud reproductiva y VIH en mujeres. En A. Amuchástegui (Coord.), Mujeres y VIH en México: Diálogos y tensiones entre perspectivas de atención a la salud (pp. 21-52). UAM-Xochimilco.

Rocío Martínez Torres

Egresada de la Licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), con enfoque en el análisis de problemáticas sociales, resiliencia urbana y fortalecimiento del tejido comunitario. Cuenta con formación especializada en seguridad ciudadana, actuación policial, derechos humanos y cultura de paz, respaldada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el Gobierno de México. Asimismo, colabora en la Red de Voluntarios en Casos de Desastre (Sentika) de la Ciudad de México y en iniciativas de comunicación para proyectos comunitarios. Colabora en La Web Social.

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